El gobierno de Estados Unidos retirará de forma permanente sus reclamos fiscales contra el presidente Donald Trump como parte de un acuerdo para resolver una demanda que él presentó contra el Servicio Interno de Impuestos, o IRS, por una filtración de sus declaraciones fiscales. El Departamento de Justicia dio a conocer el martes un documento de acuerdo que, según el texto, añade una protección extraordinaria al impedir que el gobierno examine o procese auditorías fiscales actuales relacionadas con Trump.
El documento indica que Estados Unidos queda “para siempre impedido y excluido” de examinar o procesar las auditorías fiscales actuales de Trump, de sus hijos y de la Organización Trump. Además, el texto agrega una prohibición para investigar a la familia de Trump, a sus allegados y a otras personas, de acuerdo con el mismo documento firmado por el secretario de Justicia interino Todd Blanche. El acuerdo aparece como un anexo separado del pacto original divulgado el lunes, y el anexo fue publicado discretamente en el sitio web del Departamento de Justicia el martes.
La demanda en cuestión surgió después de que Trump y sus aliados aceptaran retirar su acción legal contra el IRS y el Departamento del Tesoro. El acuerdo original, publicado el lunes por el Departamento de Justicia, contempló que Trump recibiría una disculpa formal del gobierno de Estados Unidos, pero estableció que no habría pago monetario ni indemnización como parte de ese pacto. El martes, el anexo divulgó más alcance sobre qué auditorías fiscales actuales quedarían fuera del escrutinio federal.
En el centro del caso está la afirmación de Trump de que una filtración de sus declaraciones fiscales confidenciales le causó daños a su reputación y finanzas, y que afectó negativamente su imagen pública. El caso terminó después de que la jueza Kathleen Williams desestimara el litigio el lunes; en su escrito, Williams reprendió a agencias gubernamentales, en particular al Departamento de Justicia, por no haber sido transparentes en el acuerdo. La jueza dijo que ninguna agencia presentó documentos del acuerdo ni registró documentos que garantizaran que el pacto fuera apropiado cuando existía una duda pendiente sobre si realmente había caso o controversia.
El documento del martes responde también a una cuestión planteada por el gobierno sobre el alcance temporal del acuerdo. Al abordar una solicitud de comentarios sobre una ampliación del pacto, el Departamento de Justicia sostuvo que el acuerdo se refiere únicamente a las auditorías existentes y no a las futuras. Es decir, el nuevo texto describe límites sobre lo que el gobierno puede hacer con auditorías en curso, sin extenderse a nuevas indagaciones futuras.
La medida se produjo después de que el gobierno de Trump anunciara el lunes la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a aliados que afirman haber sido investigados y procesados injustamente. El “Fondo Antiinstrumentalización”, que se informó en 1.776 millones de dólares, fue presentado como un mecanismo para que quienes crean que fueron objeto de procesos penales con fines políticos —incluido el Departamento de Justicia durante la administración del presidente Joe Biden— puedan solicitar pagos. Legisladores demócratas y organismos de control gubernamental calificaron el fondo de “corrupto” e inconstitucional, mientras que incluso algunos republicanos expresaron incomodidad con la idea, según el reporte.
Durante su comparecencia en el Capitolio el martes, Blanche no descartó que personas que cometieron actos de violencia durante el asalto al Capitolio federal del 6 de enero de 2021 pudieran ser elegibles para pagos del nuevo fondo. En ese mismo contexto, Daniel Werfel, excomisionado del IRS durante el gobierno de Biden, afirmó que no tenía conocimiento de casos en los que el IRS haya aceptado de antemano “renunciar permanentemente a examinar declaraciones de impuestos presentadas previamente” por una persona o empresa específica. Werfel también señaló que el acuerdo otorgaría a Trump y a su familia reglas fiscales distintas a las de los demás estadounidenses.
En respuesta a una consulta de The Associated Press sobre el asunto, la nota incluye que la Casa Blanca remitió el pedido al Departamento de Justicia, y que el Departamento del Tesoro no respondió. La historia agregó que el anexo firmado por Blanche es un documento separado del acuerdo original y que su publicación en el sitio del Departamento de Justicia se produjo el martes.