El gobierno de Estados Unidos retirará de forma permanente sus reclamos fiscales contra el presidente Donald Trump como parte de un acuerdo para resolver una demanda por 10.000 millones de dólares relacionada con la filtración de sus declaraciones fiscales, según un documento difundido el martes por el Departamento de Justicia. El acuerdo se produce después de que el caso fuera desestimado el lunes por la jueza Kathleen Williams, quien en su escrito cuestionó la transparencia de las agencias gubernamentales sobre el pacto.
De acuerdo con el documento, incluido como un anexo separado del acuerdo original publicado el lunes, el gobierno queda “para siempre impedido y excluido” de examinar o procesar auditorías fiscales actuales de Trump, sus hijos y de la Organización Trump. El texto indica además que el gobierno también está prohibido de investigar a la familia de Trump, a sus allegados y a otras personas, en términos que van más allá de la disputa concreta que motivó la demanda.
El Departamento de Justicia divulgó que esta medida se limita a auditorías existentes. En respuesta a una solicitud de comentarios, el gobierno precisó que el acuerdo no contempla auditorías futuras, en contraste con el alcance amplio que el documento describe para el presente.
El secretario de Justicia interino Todd Blanche figura como firmante del documento. The Associated Press reportó que la Casa Blanca remitió consultas sobre el alcance del acuerdo al Departamento de Justicia y que el Departamento del Tesoro no respondió a solicitudes de comentarios.
La noticia del retiro de reclamos fiscales se inserta en una negociación más amplia. El acuerdo original anunciado el lunes contempló también la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que, según su planteamiento, fueron investigados y procesados injustamente; ese pacto fue descrito por legisladores demócratas y organismos de control gubernamental como “corrupto” e inconstitucional.
El fondo anunciado asciende a 1.776 millones de dólares y, según el reporte, se describió como un mecanismo para que las personas que crean que enfrentaron procesos penales con fines políticos soliciten pagos. Blanche caracterizó el fondo como “un proceso legal para que las víctimas de la guerra judicial y su instrumentalización sean escuchadas y busquen indemnización”, y en el contexto de su interrogatorio en el Capitolio el martes no descartó la posibilidad de que personas que cometieron actos de violencia durante el asalto al Capitolio federal del 6 de enero de 2021 sean elegibles para esos pagos.
Los legisladores y organismos críticos arremetieron contra el fondo y, entre otras críticas, señalaron su potencial para convertirse en una “caja chica” para el presidente y sus aliados. Incluso algunos legisladores republicanos expresaron incomodidad, según el reporte, incluyendo al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien comentó que “no es un gran fan”.
De acuerdo con el relato de AP, Trump declaró el lunes desde la Casa Blanca que el fondo busca “reembolsar a personas que recibieron un trato horrible”. El reporte también citó a Daniel Werfel, excomisionado del IRS durante el gobierno de Biden, quien dijo que no tenía conocimiento de casos en los que el IRS haya aceptado de antemano “renunciar permanentemente a examinar declaraciones de impuestos presentadas previamente por una persona o empresa específica”, y señaló que el arreglo otorga reglas fiscales distintas a las de otros estadounidenses.
Mientras tanto, el acuerdo para resolver la demanda se produjo después de que Trump, sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., y la Organización Trump aceptaran retirar su demanda contra el IRS y el Departamento del Tesoro. La denuncia afirmaba que la filtración de declaraciones fiscales confidenciales les causó daños en su reputación y finanzas y afectó su imagen pública. Según el acuerdo original publicado el lunes, Trump recibiría una disculpa formal del gobierno de Estados Unidos, pero “no recibirá pago monetario ni indemnización de ningún tipo” como parte de ese pacto; aun así, el retiro de posibles reclamos fiscales actuales se presentó como un factor que podría limitar futuras obligaciones tributarias.