La exigencia de liberar a dos líderes indígenas presos y frenar lo que sus allegados describieron como la “criminalización” de los pueblos originarios volvió a marcar la agenda política de Guatemala el jueves, cuando autoridades de varios pueblos indígenas salieron a protestar en Ciudad de Guatemala.
La movilización se realizó para reclamar la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos el 23 de abril de 2025 tras varios allanamientos ordenados por el Ministerio Público. De acuerdo con el reporte, ambos están acusados de presuntos delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, hechos relacionados con las protestas de 2023 que, según el texto, paralizaron el país durante 20 días.
Con vestimentas regionales y llevando la vara —símbolo de autoridad indígena—, los manifestantes marcharon primero a la sede del Ministerio Público para pedir que se detenga el uso de herramientas legales que, según su reclamo, han terminado derivando en detenciones contra dirigentes indígenas. Después, se trasladaron a la Corte de Constitucionalidad para exigir que se declare inconstitucional un pasaje del Código Penal que, según dijeron, se utilizó para solicitar las detenciones de los dirigentes.
En el corazón del caso, los líderes indígenas siguen privados de libertad en un centro de detención preventiva dentro de un complejo militar en Ciudad de Guatemala, vigilados por guardias penitenciarios. El reporte señaló que ambos permanecen en prisión preventiva desde hace aproximadamente un año y que su proceso ha sido objeto de diversos recursos legales, con el resultado de que no han tenido juicio ni sentencia.
Además, el jueves la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que tiene a su cargo el expediente del proceso notificó a la defensa que autorizaba una prórroga para mantenerlos en prisión por cinco meses más, emitida por el juez Fredy Orellana. En la nota se indicó que el procedimiento continúa sin una acusación firme, juicio o sentencia.
Pacheco y Chaclán, que en 2023 eran presidente y tesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, afirmaron a The Associated Press que son inocentes y que no cometieron actos de terrorismo. Dijeron que las protestas de 2023 fueron, según su versión, en defensa de la institucionalidad y la democracia, en un contexto en el que señalaron que las acciones de la fiscalía buscaban impedir el arribo al poder de Bernardo Arévalo.
Durante la jornada, Eduardo Crecencio Tax, presidente de los 48 Cantones, sostuvo junto al presidente Arévalo que “No vamos a permitir que la prisión preventiva (que tienen Pacheco y Chaclán) se convierta en una condena anticipada”. En tanto, Arévalo dijo que la detención de los dos activistas indígenas por parte del Ministerio Público fue “por defender nuestra democracia, por personas cuyo régimen de abuso y miedo está por terminar”, en referencia al fin del mandato de la fiscal general Consuelo Porras previsto para mediados de mayo.
El presidente también afirmó que “La criminalización ha causado dolor a muchas familias” y sostuvo que durante la gestión de Porras, de acuerdo con el reporte, al menos 130 ex operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos se han exiliado del país. En el texto también se consignó una advertencia previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una crisis institucional, con mención particular al caso judicial de Pacheco y Chaclán.
En declaraciones a la AP el miércoles, Pacheco aseguró: “No hay ningún arrepentimiento, nunca hicimos nada malo” y agregó que “No fue algo personal, fue una acción delegada por la comunidad en asamblea, un servicio al pueblo”, antes de señalar que “gracias a ellas muchas autoridades lograron tomar posesión de sus cargos y los ejercen hoy”.
Por ahora, la protesta del jueves apuntó a reencauzar el proceso legal en curso, al tiempo que el expediente judicial continúa con una prórroga de prisión preventiva para los dos líderes indígenas, pese a que ellos y sus organizaciones insisten en que no existen los elementos para tratarlos como sospechosos de terrorismo.