Italia está inmersa en un referendo de dos días sobre una reforma judicial impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, que arrancó el domingo y que, con el transcurso de la votación, adquirió un significado que va más allá de la arquitectura del sistema. En el país, la contienda se lee como un examen directo de la fortaleza política de Meloni dentro y fuera de Italia, y la participación temprana reportada por el Ministerio del Interior contribuyó a intensificar el foco sobre el resultado.

Tras 12 horas en el primer día, el Ministerio del Interior informó que la participación superó el 38% de los votantes habilitados, un dato que se presenta como la cifra más alta registrada a esa misma hora para un referendo de dos días. El contexto de clima polarizado y el margen estrecho en encuestas recientes han alimentado la expectativa de que el nivel de participación puede inclinar la balanza cuando el voto se acerque a su definición final.

En Roma, durante el proceso de votación, algunos electores mostraron su apoyo a la reforma por considerarla una vía para ajustar un sistema judicial que, según su lectura, requiere cambios desde hace tiempo. Francesca Serlupi Ferretti Crescenzi, de 67 años, dijo al emitir su voto que el referendo busca mejorar el sistema judicial y aseguró que está destinada a “mejorar el sistema judicial” y a que “debe y puede mejorarse”.

La campaña, sin embargo, también se ha transformado en un pulso sobre el liderazgo de Meloni. Lorenza Pregliasco, analista político y experto en encuestas de YouTrend, sostuvo que un rechazo de la reforma tendría un peso político significativo. En una cita a The Associated Press, Pregliasco señaló que “una posible victoria del ‘No’ enviará una señal política, debilitando el aura de invencibilidad de Meloni”, además de impulsar a la oposición de centroizquierda a sostener que ya existe una alternativa.

Mientras crecía la competencia, Meloni ajustó el enfoque de la contienda y dejó de mantener distancia inicial del referendo, según el relato difundido en el marco de la votación. AP informó que la primera ministra pasó a “endurecer su retórica” y a vincular el “Sí” con argumentos sobre migración y seguridad, al acusar a sectores de la judicatura de obstaculizar el trabajo del gobierno en esos temas. También advirtió que rechazar la reforma fortalecería a “facciones” judiciales sin rendición de cuentas, y dijo: “Si la reforma no sale adelante esta vez, probablemente no tendremos otra oportunidad”, añadiendo que la consecuencia serían “facciones” más poderosas, jueces “aún más negligentes”, sentencias “aún más surrealistas” e incluso el riesgo de liberaciones de personas condenadas o acusadas por delitos como inmigrantes, “violadores, pedófilos, narcotraficantes”.

Esa estrategia desencadenó críticas desde magistrados y desde el centroizquierda, que consideran que la reforma erosionaría la independencia judicial y debilitaría garantías constitucionales. Giovanna Antongini, de 89 años, dijo al dirigirse a su casilla en el centro de Roma que planea votar “no” porque, en su opinión, el gobierno organizó un referendo que no sirve para nada más que “para sí mismo”.

Además de su dimensión interna, analistas atribuyen al referendo implicaciones internacionales, en particular por el alineamiento histórico de Meloni con el presidente estadounidense Donald Trump. Pregliasco describió lo que llamó el “riesgo Trump” y dijo que consiste en que Meloni parezca demasiado subordinada a un líder político “extremadamente impopular en Italia y en el resto de Europa”, lo que genera desconfianza incluso entre votantes de centroderecha. En esa lectura, una derrota en el referendo no obligaría a Meloni a dimitir —su mandato se extiende hasta 2027 y ella ha prometido completarlo—, pero podría afectar su credibilidad dentro de la Unión Europea, donde se la considera un factor de estabilidad.

El referendo se centra en reformas largamente debatidas para reconfigurar el poder judicial italiano. Entre las medidas, la reforma incluye separar las trayectorias profesionales de jueces y fiscales, impidiendo cambios entre funciones que actualmente están permitidos aunque ocurren raramente. También plantea cambios en el Consejo Superior de la Magistratura, que supervisa nombramientos y asuntos disciplinarios de los magistrados: la propuesta divide el órgano en tres cámaras separadas y altera el modo de elección de sus miembros, reemplazando elecciones internas por selecciones por sorteo entre jueces y fiscales elegibles.

El choque entre líderes de derecha y magistrados, según la crónica, ha marcado la política italiana y se remontó a los gobiernos de Silvio Berlusconi, quien fue uno de los defensores más firmes de la reforma judicial. Mientras los partidarios dicen que los cambios modernizarán un sistema judicial “notoriamente lento” y reforzarán la rendición de cuentas, los críticos —incluidos magistrados destacados— sostienen que la reforma no atiende las prioridades reales y, a la vez, amenaza la independencia del poder judicial. Nicola Gratteri, fiscal jefe de Nápoles y magistrado antimafia, formuló una de las críticas más contundentes en una cita a The Associated Press: “No creo que este gobierno haya implementado las reformas necesarias para que los juicios funcionen de manera más eficaz”, dijo, y agregó que “en cambio, ha hecho prácticamente imposible combatir los delitos contra la administración pública y abordar los abusos de cuello blanco y la corrupción”.

Con los italianos preparando el cierre de la votación, el referendo se erige en uno de los momentos definitorios del mandato de Meloni, con una decisión que podría reconfigurar no solo el sistema judicial, sino también la trayectoria política de su gobierno independientemente del resultado final.