Horas después de que The Associated Press informara que la DEA designó al presidente colombiano Gustavo Petro como un “objetivo prioritario”, él respondió negando las acusaciones y atribuyendo la investigación de Estados Unidos a una estrategia para “desmontar” acusaciones de la “extrema derecha colombiana”. De acuerdo con la nota, la designación se produjo mientras fiscales federales en Nueva York investigan presuntos vínculos entre Petro y narcotraficantes, a partir de registros de la agencia y de entrevistas y conversaciones con personas familiarizadas con el asunto.

Según el reporte, la etiqueta de “objetivo prioritario” corresponde a sospechosos que la DEA considera que han tenido un “impacto significativo” en el comercio de drogas. La misma nota señala que los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022 y que, en varios casos, se basaron en entrevistas con informantes confidenciales.

Entre los presuntos delitos que la DEA habría investigado, el reporte menciona posibles tratos con el Cártel de Sinaloa de México. El reporte también dice que los registros sugieren un plan para aprovechar la política de Petro de “paz total” con el fin de beneficiar a narcotraficantes prominentes que habrían contribuido a su campaña presidencial.

La nota agrega que los registros describen el presunto uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos. Al mismo tiempo, indica que las acusaciones federales que se siguen y el alcance de cualquier posible implicación de Petro no estaban claros para las personas consultadas, y que los fiscales federales de Estados Unidos declinaron hacer comentarios.

En Nueva York, la investigación se encuentra —según una de las personas familiarizadas— en etapas iniciales y se centra al menos en parte en interrogatorios a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro. La nota añade que, en particular, se investigan acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear una extradición a Estados Unidos, y que el caso incluye conversaciones vinculadas a la cárcel colombiana La Picota.

La persona que habló bajo condición de anonimato señaló que no estaba claro si los fiscales federales ya han implicado a Petro en algún delito. También dijo que la investigación no contaría con un papel de la Casa Blanca. La DEA, según el reporte, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su respuesta pública, Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y sostuvo que no aceptó dinero alguno de ellos para su campaña electoral. En un mensaje en X, el presidente señaló que su vida ha estado “en riesgo” por denunciar vínculos entre narcotraficantes y políticos en Colombia, y recalcó que en la investigación que hizo la autoridad electoral sobre su campaña no se descubrió “ni un solo peso de narcotraficantes”.

El reporte ubica el caso dentro de un contexto de escrutinio previo hacia el entorno político de Petro y su familia. La nota recuerda que el presidente, antes de llegar a la presidencia, militó en la guerrilla M-19, que entregó las armas en 1990 tras un proceso de paz, y que su gobierno prometió reducir la dependencia del país de combustibles fósiles y reasignar recursos para abordar la pobreza.

La nota señala que Colombia ha investigado durante años a miembros de la familia de Petro por posibles actos delictivos. Indica que su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales de campaña a un narcotraficante condenado para financiar un estilo de vida con autos y viviendas costosas, que Nicolás Petro se declaró inocente, y que Gustavo Petro dijo que el dinero no se usó para financiar su campaña. También menciona que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, ha sido implicado en negociaciones secretas con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a Estados Unidos a cambio de su desarme.

El reporte contextualiza además la relación prolongada entre la política colombiana y el narcotráfico. Señala que Colombia es el mayor proveedor del mundo de coca y recuerda episodios históricos como el paso de Pablo Escobar por la política en la década de 1980 y el escándalo de Ernesto Samper en la década siguiente por donaciones ilegales vinculadas a rivales del Cártel de Cali.

En cuanto a las etapas, la nota enfatiza que las pesquisas sobre Petro están “en etapas iniciales” y que no se sabía si terminarán en cargos. También precisa que la investigación federal fue informada antes por The New York Times y que, según otra persona familiarizada con el asunto, Petro quedó bajo escrutinio en el curso de investigaciones de narcotráfico en autoridades de Nueva York.