La familia de la relatora especial de la ONU Francesca Albanese presentó una demanda en un tribunal federal de Washington contra el gobierno del presidente Donald Trump por las sanciones que Estados Unidos le impuso el año pasado, según el escrito presentado el miércoles. En la acción legal, el esposo de Albanese y su hija menor sostienen que las penalizaciones violan la Primera Enmienda, al apuntar a sus opiniones sobre el conflicto israelí-palestino y su trabajo vinculado a la Corte Penal Internacional.

De acuerdo con la demanda, el caso también busca describir el impacto en la vida diaria de la familia, que incluye la posibilidad de acceder a su vivienda en la capital del país. El escrito afirma que la expresión de Albanese sobre los hechos, “tal como los ha constatado en el conflicto israelí-palestino y sobre el trabajo de la CPI”, constituye una actividad central protegida por la Primera Enmienda.

La demanda incorpora además un argumento de fondo sobre el sentido de la sanción. En el escrito, el esposo y la hija menor de Albanese plantean que el litigio “trata de si los demandados pueden sancionar a una persona —arruinándole la vida y la de sus seres queridos, incluida su hija ciudadana— porque los demandados discrepan de sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión”.

Hasta el momento, según el despacho, la Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios. Un portavoz del Departamento de Estado declinó comentar sobre el litigio en curso.

El caso se centra en la figura de Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, quien forma parte de un grupo de 47 expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Su mandato incluye investigar abusos de derechos humanos en territorios palestinos, y en su historial de informes se ha expresado de manera contundente contra lo que ha descrito como el “genocidio” de Israel contra los palestinos en Gaza.

El gobierno de Israel y Estados Unidos, que brinda apoyo militar a su aliado, han negado enérgicamente la acusación de genocidio. El despacho también indica que Washington había denunciado lo que calificó como una “campaña de guerra política y económica” de Albanese contra Estados Unidos e Israel antes de imponerle sanciones en julio, después de lo que describe como una fallida campaña de presión estadounidense para que la ONU destituyera a la relatora.

Albanese, abogada italiana de derechos humanos, dijo a The Associated Press el verano pasado cómo anticipaba el efecto de las sanciones en su situación personal y profesional. “Mi hija es estadounidense. He vivido en Estados Unidos y tengo algunos activos allí. Así que, por supuesto, me va a perjudicar”, afirmó en esa entrevista, agregando: “¿Qué puedo hacer? Hice todo lo que hice de buena fe y, sabiendo eso, mi compromiso con la justicia es más importante que los intereses personales”.

El despacho señala que las sanciones no la han apartado de su trabajo ni de sus posturas. Indica que ha publicado informes sobre la actuación de Israel y que uno de ellos se centró, según su descripción, en una “economía genocida” en los territorios palestinos. También menciona que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo el año pasado —tras uno de esos informes— que Albanese “ha tomado la palabra ‘genocidio’, nacida de las cenizas del Holocausto, y la ha convertido en un arma, no para defender a las víctimas de la historia, sino para atacarlas”.

Además del contexto de la guerra en Gaza, el despacho sitúa la disputa en una dinámica más amplia: reportes de relatores especiales de la ONU, aunque no representen oficialmente a la organización ni tengan autoridad formal, pueden aumentar la presión sobre países y, en algunos casos, influir en el trabajo de fiscales de la Corte Penal Internacional y otros mecanismos relacionados con la justicia transnacional. En ese marco, el despacho recuerda que la CPI ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, en acusaciones de crímenes de guerra.

La demanda se presenta mientras continúan los esfuerzos por un alto el fuego negociado por Estados Unidos desde el 10 de octubre, pese a ataques repetidos que han roto esos acuerdos. El despacho menciona avances como la reapertura del cruce de Rafah, aunque Israel y Hamás no han llegado a un entendimiento sobre el calendario y el alcance del retiro israelí de Gaza y el desarme del grupo rebelde.