Guatemala se encuentra ante nuevas objeciones de derechos humanos tras un pronunciamiento de un panel de expertos de las Naciones Unidas que vinculó, de forma alarmada, a la fiscal general María Consuelo Porras con presuntas adopciones ilegales ocurridas durante décadas atrás, mientras ella administraba una casa hogar.

El panel indicó que está “alarmado” por la información recibida sobre acusaciones contra Porras relacionadas con presuntas adopciones ilegales en una casa hogar donde habría sido directora, y señaló que los hechos habrían tenido lugar en el marco del conflicto armado guatemalteco entre 1960 y 1996. La declaración se anunció en momentos en que Porras está por concluir su gestión como fiscal general y participaba como candidata a otro puesto público, según el reporte.

En el comunicado, los expertos de la ONU dijeron que todas las personas contra las cuales existan “alegaciones creíbles” de conductas incompatibles con estándares de derechos humanos, y especialmente quienes hayan tenido autoridad sobre decisiones vinculadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser “preseleccionadas ni nombradas” hasta que se realice una investigación “pronta, independiente y exhaustiva” de esas alegaciones.

De acuerdo con el pronunciamiento, el panel aseguró que al menos 80 niños indígenas “habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales” tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez. El documento atribuyó ese papel a Porras al describir que la fiscal general habría sido tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982, de acuerdo con el texto difundido por los expertos.

El panel agregó que le preocupaba especialmente que “no se haya realizado” una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial” sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en esos procesos. También señaló que las madres afectadas por esas adopciones “aparentemente” no habrían recibido el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas, según la advertencia del grupo.

En el mismo reporte, se informó que la Associated Press solicitó a la fiscalía una opinión sobre los señalamientos contra Porras, sin que hasta ese momento hubiera respuesta. También se buscó un comentario al gobierno guatemalteco, que tampoco respondió de inmediato, según el cable.

El comunicado se produce mientras Porras buscaba un cargo adicional y, en paralelo, la Universidad de San Carlos de Guatemala descartó su postulación y nombró a Julia Rivera y José Luis Aguirre como magistrados titular y suplente. En ese contexto, la declaración de los expertos se presentó como una advertencia dirigida a evitar nombramientos sin una verificación independiente y exhaustiva de las acusaciones.

El reporte recordó que, durante la guerra en Guatemala, miles de niños fueron dados en adopción, en particular a familias estadounidenses, y que el Estado no dio seguimiento durante años a la situación de esos menores ni supo sobre sus destinos. También destacó que, en 2024, el presidente Bernardo Arévalo pidió disculpas, en nombre del Estado, a un hombre que indicó haber sido adoptado de forma irregular cuando era niño y que él y su hermano fueron separados de su madre por supuestamente haberlos abandonado para luego entregarlos a familias estadounidenses.

La discusión sobre adopciones irregulares se enmarca, según el reporte, en un periodo en que en Guatemala se realizaron adopciones —especialmente para familias estadounidenses— con señalamientos de que algunas habrían sido realizadas de forma anómala, en redes de funcionarios y abogados coludidos para entregar niños “robados, comprados y quitados” a sus padres sin un proceso regulado establecido. El reporte añadió que en 2007 el Congreso guatemalteco aprobó una ley de adopciones para regular el trámite, y que Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por acusaciones vinculadas a socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción.

Los expertos que emitieron la declaración forman parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, y desempeñan sus funciones “a título personal”, según el reporte. En su llamado, pidieron investigaciones independientes sobre las acusaciones que, según su comunicado, involucran a autoridades estatales y afectaciones a niños y madres en el contexto histórico del conflicto.